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Directivos, regulación salarial y nuevo Índice de Precio de Trabajo

La difusión por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) del primer estudio del Índice de Precios de Trabajo (IPT) ha reabierto el debate sobre la evolución de los salarios de los directivos y la posible necesidad de regularlos. Y es que, mientras algunos medios de comunicación han puesto el acento en la pérdida de poder adquisitivo que sufren los trabajadores en su conjunto, a otros les ha llamado la atención que sean precisamente los puestos directivos los que más han visto decrecer sus sueldos.

Por ponernos en contexto, la realidad que refleja el estudio es que desde el inicio de la crisis en el año 2008 y hasta el 2014 se ha producido una notable merma de poder adquisitivo. Mientras el IPC ha aumentado un 8%, el nuevo indicador que refleja la evolución salarial (IPT) ha sufrido un retroceso del 0,7%.

Cierto es que son los  años centrales de esta crisis los que más han castigado el bolsillo de los  españoles, cuyo sueldo parece recuperarse levemente en el año 2014. Sin embargo, en un mercado laboral que además presenta un alto porcentaje de desempleo, este desequilibrio debería preocupar a todos los agentes sociales: a sindicatos, a partidos políticos, a empresas, a las instituciones públicas y a la sociedad en general.

La precarización del mercado laboral no es, en ningún caso, una buena noticia para España. Peligra la capacidad de consumo de nuestros trabajadores, peligra la sostenibilidad de los derechos  asumidos como ciudadanos españoles, el acceso de la sociedad a una educación superior de calidad, la capacidad tecnológica y de innovación y la competitividad de nuestras empresas. Ante esta situación y con unas organizaciones que no pueden asumir riesgos, queda en entredicho la capacidad de nuestro mercado laboral para atraer talento.

Los directivos de empresas y gerentes han asumido en estos años una pérdida del 7% de su salario, 2’5 puntos porcentuales por encima del segundo colectivo profesional más afectado (empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina). Esto se hace público en un momento en que el Congreso debate sobre la posibilidad de establecer una mayor regulación en un colectivo que presenta una alta dispersión salarial. Si por una parte se apela a la necesidad de aplicar mecanismos para reducir la brecha existente entre trabajadores más y menos favorecidos, llama la atención que la fórmula elegida sea, precisamente, la de establecer límites por arriba.

Han de establecerse mecanismos que hagan del mercado laboral español una opción atractiva para los grandes profesionales, sea en perfiles técnicos, científicos, directivos o en ocupaciones elementales. Y la vía para conseguirlo no es, necesaria o exclusivamente, la de la regulación del salario. Conciliación, remuneración por objetivos, incentivos a la productividad o flexibilidad, son sólo algunos de los conceptos y opciones que tenemos a nuestro alcance.

Debemos optar por medidas viables, pero que no limiten nuestro desarrollo presente y futuro. El mercado ya dispone de herramientas para que profesionales y empresas sean capaces de afrontar los retos que se presentan. Fórmulas como el alquiler de directivos, para misiones concretas - interim management- o para ocupar funciones dentro de la empresa a tiempo parcial o, incluso, la implantación de sistemas para la medición de la productividad, son de gran utilidad para que las organizaciones emprendan proyectos sostenibles, al tiempo que facilitan a los directivos el desarrollo de sus habilidades y, por tanto, la configuración de una propuesta de valor atractiva para el mercado. 

Es necesario, además, que llevemos a cabo una profunda reflexión como sociedad y que asumamos, definitivamente, la necesidad de un cambio cultural y de un nuevo modelo de liderazgo.